ANTE LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS SOCIALES

DECLAREMOS ILEGAL LA POBREZA

 

  Considerando que hoy el Planeta es una sola Patria y la Humanidad un solo Pueblo nos preocupa la indiferencia ante otros atropellos que no constituyen noticia en la televisión ni tienen relato en los periódicos, ni condena de los gobiernos. Se trata de las víctimas de las guerras, los inmigrantes, las comunidades condenadas a ser “zonas de sacrificio” ambiental, los empobrecidos.

  De la misma forma los recientes casos de corrupción en distintas esferas directivas, las revelaciones sobre la colusión entre grandes grupos empresariales, las denuncias sobre prácticas de cohecho en el parlamento y de soborno de altas autoridades no parecen despertar una reacción contundente en la ciudadanía.

Constatamos más bien cierta indiferencia pusilánime, una resignación  despreocupada, que no asume la gravedad de los hechos y sus tremendas consecuencias para la vida de los más pobres.

 Ante esta desidia deliberadamente instalada hacemos un llamado a reflexionar y a actuar:

1.     Denunciamos que los casos de corrupción que se han instalado en nuestro país no constituyen situaciones excepcionales y aisladas. Se trata de prácticas sistemáticas, planificadas y metódicas, que han exigido preparación, cálculo e intencionalidad.

2.     De allí que no se les pueda tratar como errores aislados o confusiones episódicas. Estamos ante delitos sociales de enorme gravedad, y ante una transgresión moral que rompe las confianzas básicas que permiten la convivencia y la responsabilidad compartida.

3.     Estos hechos constituyen atentados contra la vida y la dignidad de las personas, cuyo origen remite a las estrechas perspectivas éticas del neoliberalismo. Este enfoque de la economía niega que los bienes producidos socialmente constituyen bienes sociales y por eso deben ser distribuidos socialmente con justicia. Al mismo tiempo olvida que la riqueza material no puede primar como criterio distributivo en otras esferas de la realidad. Recordando Populorum Progressio nº 22 afirmamos que todo lo que una persona tiene de más, una vez ha cubierto suficiente y dignamente sus necesidades, deja de pertenecerle y pasa a ser de quienes lo necesitan. La propiedad privada no es un derecho absoluto sino un derecho secundario que sólo vale en la medida en que sirva para realizar el “destino común de los bienes de la tierra” que es el verdadero derecho primario.

4.     Nadie debería considerar que con su dinero puede comprar el reconocimiento y los honores públicos, y que sus riquezas le exculpan de sus irresponsabilidades. Al contrario, quienes detentan mayor poder y riqueza deben asumir mayores exigencias de parte de la sociedad, ya que el robo a los pobres (provocado por la corrupción) debe ser considerado como una transgresión al mandamiento del “NO MATARÁS”, tal como lo ha denunciado el Papa Francisco (Laudato Sí 95).  

5.     La persistencia de estos criterios “producen” pobreza y exclusión, lo que condiciona la autoestima de los pobres. Ha llegado el momento de universalizar la ciudadanía social declarando la “ilegalidad de la pobreza”  basándonos en un compromiso de carácter ético que debe ser reconocido como un mínimo de justicia, exigible y constatable, que oriente las políticas públicas  en todos sus niveles, ya que hay pobres porque hay ricos.

6.     Declarar ilegal la pobreza no es sólo garantizar una base adquisitiva para cada una de las personas. Es sobre todo protegerlas frente a las contingencias del mercado, de la corrupción institucionalizada, de los abusos del poder político, de la arbitrariedad del dinero, que se intenta imponer como criterio por sobre todo criterio, creyendo que todo tiene un precio y que todo se puede comprar. Declarar ilegal la pobreza es reconocer la dignidad de cada persona, que está fuera de toda medida y escapa a toda transacción.

Por un Chile sin corrupción y que responda ante los delitos sociales:

¡DECLAREMOS ILEGAL LA POBREZA!